Incentivos procesales a litigar, paternalismo judicial y falta de diálogo entre poderes del Estado alimentan una judicialización creciente que erosiona el sistema asegurador argentino. Aldo Álvarez, presidente de la Asociación de Aseguradores Argentinos (ADEAA), analiza cómo el sistema judicial ataca las bases del seguro y qué desafíos enfrenta el sector para lograr previsibilidad.
La litigiosidad creciente, la falta de previsibilidad judicial y la persistencia de prácticas que distorsionan el funcionamiento del sistema se han convertido en uno de los principales desafíos para el mercado asegurador argentino. Lejos de ser un fenómeno aislado, la judicialización se consolidó como un factor estructural que erosiona la solvencia, encarece las primas y debilita el ahorro institucional.
Para Aldo Álvarez, presidente de la Asociación de Aseguradores Argentinos (ADEAA), el problema excede ampliamente a las compañías de seguros. Se trata de una cuestión que involucra a todo el sistema económico: afecta la inversión, reduce la cobertura, desalienta la formalidad y compromete el desarrollo. “Sin reglas claras y sin previsibilidad jurídica, no hay contratos sostenibles”, suele advertir.
En esta entrevista, el ejecutivo analiza cómo la combinación de incentivos procesales, interpretaciones judiciales erráticas y déficits de diálogo institucional ha ido configurando un escenario de alta incertidumbre. También plantea los desafíos que enfrenta el sector para recuperar racionalidad, fortalecer la seguridad jurídica y consolidar al seguro como una herramienta central de protección, ahorro y crecimiento para el país.
¿Qué puede comentar sobre la imprevisibilidad de los fallos judiciales en causas donde se demanda a las aseguradoras y sobre las características que asumen esos fallos?
La judicialización en la Argentina tiene, al menos, dos dimensiones que se combinan y se potencian entre sí. Por un lado, existe un conjunto de incentivos procesales que, tal como hoy funcionan, estimulan la litigación sin costos reales para quien reclama. A eso se suma una serie de prácticas judiciales que, con el tiempo, se han ido naturalizando, aun cuando muchas veces se apartan del espíritu y de la letra de la ley.
