El Ministerio Público bonaerense y ADEAA firmaron tres convenios de cooperación, capacitación e intercambio tecnológico para agilizar investigaciones penales y mejorar la detección de irregularidades en siniestros.
El Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires y la Asociación de Aseguradores Argentinos (ADEAA) firmaron este jueves una serie de acuerdos de cooperación institucional orientados a fortalecer la prevención del delito, mejorar las investigaciones judiciales y optimizar el intercambio de información entre el sistema judicial y el mercado asegurador.
Los convenios fueron suscriptos por el procurador general de la Suprema Corte bonaerense, Julio Conte-Grand, y el presidente de ADEAA, Aldo Álvarez, en un acto que formalizó un esquema de trabajo conjunto considerado inédito dentro del sector.
La iniciativa apunta a generar mecanismos permanentes de colaboración entre el ámbito público y privado frente al crecimiento de la problemática de los fraudes vinculados a seguros.
El entendimiento contempla tres instrumentos: un convenio marco de cooperación institucional, un acuerdo específico de capacitación y un convenio de cooperación tecnológica.
En conjunto, buscan crear un canal estable para el intercambio de conocimientos, el desarrollo de herramientas digitales y la formación técnica de equipos profesionales.
En diálogo con El Cronista, Álvarez destacó que el principal desafío del sector no es la falta de información, sino la dificultad para transformarla en denuncias judiciales concretas.
“El asegurador tiene muchos datos, pero no siempre puede distinguir cuándo está frente a un delito ni cuenta con herramientas para llevar esa información al sistema penal”, explicó.
El titular de ADEAA señaló que existen obstáculos operativos y culturales para judicializar los casos. “El acceso a la justicia penal no es sencillo. Transformarse en denunciante o querellante, incluso con una compañía detrás, no es fácil para las personas que deben hacerlo”, afirmó.
En ese sentido, sostuvo que los acuerdos buscan construir confianza entre instituciones para facilitar el uso de información relevante en investigaciones penales. Según indicó, el objetivo es que los fiscales puedan interpretar datos provenientes del sector asegurador y actuar cuando encuentren elementos suficientes para avanzar con denuncias.
