Pese a las soluciones que se fueron aplicando a largo de los años, la industria del juicio se resiste a dar vuelta la página. El sector seguros es uno de los que está envuelto en esta paradoja: cada vez hay menos siniestros, pero a la vez la judicialización de los reclamos viene en alza.

El tema está en la agenda de las empresas. A tal punto que la Unión Industrial Argentina (UIA) sacó un comunicado en el que destacan que el stock acumulado de nuevos juicios en 2024 alcanza los 81.709. Solo en agosto se abrieron 13.700 nuevos denuncias, un aumento de 12,3% contra el mismo mes del año pasado, mientras que en contraste con el acumulado de 2023 el incremento representa un 5,8%.

Mientras esto ocurre, “los índices de siniestralidad se encuentran en mínimos históricos como producto de los esfuerzos que realiza el sector empleador, trabajador y gubernamental para minimizar la incidencia de los factores de riesgo mientras que los juicios aumentaron un 25%”.

“A pesar de la disminución constante de accidentes y de los fallecimientos en el ámbito laboral, los reclamos judiciales no dejan de crecer. Una paradoja difícil de explicar: menos siniestros y mejores servicios y más beneficios, pero cada vez más juicios”, apunta Mara Bettiol, presidenta de la UART.

Las Administradoras de Riesgos de Trabajo (ART) están vigentes desde hace 28 años y dan coberturas a los accidentes que ocurren en el ámbito laboral. Todas las empresas están obligadas a contratar a una ART que será la que responda cuando ocurra un siniestro.

“Es un sistema que ha demostrado en muchas oportunidades que da respuesta. Tiene muchos puntos a favor: es necesario para el desarrollo de la actividad productiva, es valorado por los trabajadores y es valorado por las empresas. Es el aspiracional de muchos trabajadores que hoy no tienen la cobertura, sea porque están en la informalidad, sea porque son trabajadores independientes. Tenemos un sistema que bajó 80% los fallecimientos, bajó casi 40% los accidentes, y también la gravedad de esos accidentes. Tenemos registros similares a los de los países desarrollados”.

En comparación con otras naciones, el número de reclamos laborales por accidentes en nuestro país es llamativo. Chile tiene una siniestralidad por cada millón de trabajadores de 26,2, España de 30,6 y Argentina de 32,6. Pero, mientras Chile y España registran un índice de judicialidad de 5,8 y 9,5 respectivamente, en Argentina ese índice trepa a 114,2.

El eje del conflicto es que el sistema judicial beneficia la litigiosidad, en parte porque los peritos que deben certificar cuál es el daño que sufrió el trabajador muchas veces inflan los montos porque sus haberes son un porcentaje del resultado final.

Bettiol destaca que resolver el tema es fundamental para bajar los costos, mejorar la competitividad y generar más empleo. Desde las aseguradoras marcan que quien tiene la clave para resolver esta paradoja es el poder judicial.

La ley 27348/17 de Reforma del Sistema establece que en cada poder judicial de las provincias adheridas debe haber un Cuerpo Médico Forense, integrado por profesionales elegidos por concurso, que cobren honorarios por acto médico y no como porcentaje del monto de la sentencia. “Es necesario que utilicen adecuadamente el Baremo de la Ley (tabla de medición de incapacidades) para determinar los daños sufridos”, señala Bettiol.